En el Gobierno regional aguardan con expectación el giro que pueda tomar la instrucción judicial; y ya cuentan con un equipo de asesores

¿Qué representa La Zerrichera? Es una finca de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas. Linda con la autovía de Lorca y se encuentra a unos 10 kilómetros de la costa. Debe su nombre al zerriche, un matorral de clima seco.



¿Tiene valor medioambiental? Tiene la protección como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Es un área óptima para la tortuga mora; y cuenta con la presencia de águila real, búho real y halcón peregrino. Una pareja de rapaces anida en la zona. Tiene comunidades de matorral termomediterráneo. Una parte está alterada por la actividad humana, ya que cuenta con extensiones de secano y dos zonas dedicadas al cultivo de lechugas. En una de sus lindes hay un grupo de viviendas aisladas. Se han denunciado al menos dos roturaciones ilegales que han degradado la zona.



¿Cuando saltó el escándalo? A raíz del Pleno municipal de Águilas del 27 de octubre del 2005. Cuando se supo que un concejal del PP había vendido parte de los terrenos al Grupo Hispania y pese a ello había votado. Otros cuatro ediles del PSOE fueron expulsados por no votar en contra. A partir de ahí se conocieron las supuestas irregularidades de los trámites efectuados por el Ayuntamiento y el Gobierno regional para recalificar los terrenos, después de que el convenio urbanístico hubiera sido archivado y después reactivado. Los terrenos pasaron de no urbanizables a urbanizables.



¿Qué se quería construir? El Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova, presentó un proyecto para levantar más de 3.000 viviendas, un campo de golf y un hotel. El proyecto se llamaba Águilas Golf, y se sumaron Inverlur -inmobiliaria de La Kutxa de San Sebastián-, la promotora madrileña C-15, el Grupo Lar y Riofisa. Al final sólo quedaron Grupo Hispania e Inverlur. Para edificar era imprescindible cambiar la calificación de los terrenos.



¿Cómo subió el valor de los terrenos? Alhóndiga Agrisel de Águilas compró la finca en 1999 por 20 millones de pesetas. Seis socios de esta cooperativa y sus mujeres la adquirieron tres años después (a su propia alhóndiga) por 44 millones de pesetas. Y un año después cerraron la venta al Grupo Hispania por 1.185 millones de pesetas a pagar en especie (a cambio de 44 viviendas). El Grupo Hispania recibió trece meses después un primer pago de 23,2 millones de euros de Inverlur por la venta de La Zerrichera. Cuatro meses después, recibió un segundo pago de Inverlur de 105 millones de euros. El incremento de valor está asociado a la revalorización de los terrenos, que pasaron a ser urbanizables. Los seis socios de Agrisel y sus esposas dicen que no han recibido todavía ni un céntimo.



¿Quién denuncia y por qué? El PSOE y la Asociación de Naturalistas del Sureste denunciaron ante la Fiscalía del TSJ dos posibles delitos de prevaricación y daños contra el medio ambiente. Los ecologistas acudieron al TSJ pidiendo la paralización cautelar, que al final obtuvieron.



¿Qué papel tiene la Fiscalía? Después de un año de diligencias informativas, el fiscal jefe del TSJ Manuel López Bernal presentó querella por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho contra el alcalde de Águilas Juan Ramírez; el ex concejal del PP José López Díaz; el ex director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de Medio natural, Encarna Muñoz; el ex jefe de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director de Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, subdirector de Vivienda.



¿Quién dio la orden de reactivar el expediente que estaba archivado? Partió de la Consejería de Medio Ambiente. La directora de Medio Natural envió el expediente a Calidad Ambiental, cuyo titular asumió personalmente la tramitación al considerar que el primer informe técnico que prohibía la urbanización (porque eran terrenos protegidos) no tenía rigor científico ni se ajustaba a derecho. Hasta ahora no hay constancia pública y por escrito de que mediara una orden superior, por lo que la Fiscalía sólo ha actuado contra los altos cargos que dejaron el rastro de sus firmas. El PSOE apunta a que estos altos cargos no pudieron actuar sin el consentimiento de sus consejeros.



¿En qué fase está ahora La Zerrichera? Judicialmente, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia asumió el caso después de que otro juzgado de Lorca se declarara incompetente. La Audiencia Provincial, a su vez, había rechazado el recurso de los imputados. Ahora está en fase de instrucción y días pasados el juez tomó las primeras declaraciones. De momento mantiene la situación de los imputados, a expensas de decidir si amplía las declaraciones a otras personas. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado un auto paralizando cautelarmente la resolución del consejero de Obras Públicas, entonces Joaquín Bascuñana, que aprobó la recalificación de los terrenos.

Asimismo, la Comisión Europea tiene abierta otra investigación para averiguar cómo y por qué se recalificaron los terrenos protegidos. Por último, y a nivel político, el proyecto del Grupo Hispania fue paralizado por el Gobierno regional en mayo del año pasado, después de que saltara el escándalo y con la investigación de Fiscalía en marcha. A nivel administrativo, está pendiente de que se apruebe el Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara para ver si se puede urbanizar o no. Por último, el Grupo Hispania mantiene su proyecto. Anunció que pensaba denunciar al Gobierno regional, y en concreto al presidente Valcárcel, por los daños que le ocasionaba la paralización. No presentó tal denuncia.

¿Qué ha pasado con los políticos y funcionarios relacionados con el caso? Ninguno ocupa ahora el puesto que tenía cuando se tramitó La Zerrichera, según explicó en julio pasado el presidente Valcárcel. El consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués dimitió en abril del año pasado para entrar en la actividad privada. Negó que fuera a causa de La Zerrichera. Sin la aprobación de su departamento -de la Dirección de Calidad Ambiental- habría sido imposible que el proyecto saliera adelante. El consejero Joaquín Bascuñana, que firmó la resolución final como titular de Obras Públicas, ha pasado a la nueva Consejería de Política Social. Según Valcárcel, había que sacarlo del ojo del huracán. Bascuñana se confesó públicamente amigo personal de Trinitario Casanova. Por su parte, Antonio Alvarado dirige el Cluster del Mar Menor. El alcalde de Águilas revalidó el cargo, con un concejal más.



¿Cuáles son los supuestos puntos oscuros? 1) El primer informe técnico contrario a la urbanización fue suprimido del expediente. 2) La Evaluación de Repercusiones, trámite previo a la declaración de impacto, se basó en un estudio de la Universidad de Almería que fue supuestamente manipulado. 3) El jefe de servicio que tramitó la Evaluación informó después a sus superiores de que no asumía lo que había firmado. 4) La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental no informó a favor del proyecto. 5) Intentaron colar un informe técnico sin firma para favorecer la recalificación. 6) Se dio 24 horas de plazo a una dirección general y a los servicios jurídicos para informar del expediente, y en caso contrario se daba por favorable. 7) Un fax misterioso llegó al Ayuntamiento de Águilas dando el visto bueno a la recalificación, antes de que la firmara Alvarado. 8) Alvarado a su vez firmó un día antes de que estuviera el estudio de repercusiones. 9) El secretario municipal de Águilas advirtió de supuestas ilegalidades de trámite. 10) El alcalde de Águilas dijo en le «rebañaban la cabeza» si no reactivaba el expediente archivado. 11) El informe jurídico de Obras Públicas no se incluyó en el expediente enviado a la Fiscalía, y en su lugar apareció otro favorable al proyecto. 12) La recalificación se aprobó sin que Bruselas informara y autorizara el cambio de uso, al tratarse de zona LIC y ZEPA.



¿Dónde está el meollo? Si se forzaron o no la ley y los usos administrativos para beneficiar al promotor Trinitario Casanova. El Gobierno regional siempre ha sostenido que no hubo ninguna ilegalidad, y menos, dinero de por medio. En última instancia, miembros del Ejecutivo creen que si la Justicia encuentra algo se limitará a irregularidades o reproches de tipo administrativo. En el Gobierno regional, no obstante, muchos aguantan la respiración, hasta comprobar qué derroteros toma la instrucción judicial. Según ha podido saber La Verdad, un equipo externo de abogados y juristas está analizando la situación para actuar, si llega el caso, y si salpica más arriba.